En España, si encuentras una moneda de oro antigua o cualquier objeto arqueológico, la ley obliga a notificarlo inmediatamente a las autoridades (Policía, Guardia Civil o Dirección General de Patrimonio). Estos bienes forman parte del Patrimonio Histórico Español y son de dominio público, por lo que no puedes quedártelos. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 600.000 € e incluso cárcel.

Marco legal aplicable

  • Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español
    • Declara que todos los bienes con valor histórico, arqueológico o artístico son inalienables y de dominio público.
    • Esto significa que no pertenecen al descubridor ni al dueño del terreno, sino al Estado.
  • Código Civil (art. 351 y 352)
    • Regula el “tesoro oculto” en general.
    • Sin embargo, en el caso de bienes arqueológicos, prevalece la Ley de Patrimonio Histórico, que los considera públicos.

Obligaciones del descubridor

  • Comunicar el hallazgo en menos de 48 horas a las autoridades competentes (Patrimonio, Ayuntamiento, Policía o Guardia Civil).
  • No manipular ni trasladar el objeto salvo que sea necesario para evitar daños.
  • Entregarlo a las autoridades para su custodia y estudio.

Derechos y recompensas

  • Aunque el bien pasa a ser propiedad pública, el descubridor puede recibir una compensación económica.
  • En algunos casos, se reconoce hasta un 50% del valor del hallazgo si se produjo en terreno privado y con buena fe.
  • El objetivo es incentivar la denuncia y evitar el tráfico ilegal de antigüedades.

Sanciones por incumplimiento

  • Multas de hasta 600.000 € por ocultar o comerciar con piezas arqueológicas.
  • Posibles penas de prisión si se considera expolio o tráfico ilícito.
  • La simple tenencia sin justificar origen ya es una infracción.

Si encuentras una moneda de oro antigua o cualquier objeto arqueológico en España:

  • No puedes quedártelo ni venderlo.
  • Debes notificarlo en menos de 48 horas.
  • El bien pasa a ser propiedad pública, aunque puedes recibir una recompensa.
  • Ocultarlo o comercializarlo implica multas muy altas y riesgo de cárcel.

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