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Informe jurídico · Derecho penal

El delito de soborno

Concepto, modalidades, responsabilidad penal y legislación española, europea e internacional. Un análisis de las normas que sancionan el ofrecimiento, la solicitud y la aceptación de ventajas indebidas.

1. ¿Qué se entiende por soborno?

El soborno consiste, en términos generales, en ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar una ventaja indebida con la finalidad de influir en una actuación o decisión que debe adoptarse conforme a determinadas obligaciones o funciones.

La ventaja puede ser económica o de otra naturaleza. No tiene por qué consistir exclusivamente en dinero: también puede comprender regalos, servicios, favores, contratos, beneficios para terceros u otras contraprestaciones.

En el ordenamiento jurídico español, el término jurídico más característico para el soborno relacionado con autoridades y funcionarios públicos es cohecho. Cuando la conducta se produce en el ámbito empresarial privado, puede constituir un delito de corrupción en los negocios.

01

Soborno activo

Consiste en ofrecer, prometer o entregar una ventaja indebida para conseguir una actuación determinada.

02

Soborno pasivo

Consiste en solicitar, recibir o aceptar una ventaja indebida a cambio de actuar u omitir una actuación.

Importante: no todo regalo, invitación o beneficio constituye automáticamente un delito. Deben examinarse las circunstancias, la finalidad, la relación con las funciones del destinatario y los elementos exigidos por cada tipo penal.

2. Legislación española: Código Penal

La norma fundamental en España es la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su texto consolidado vigente.

§
Artículos 419 a 427 bis: delito de cohecho

Regulan las distintas modalidades de cohecho, tanto desde la perspectiva del funcionario que solicita o recibe la ventaja como desde la del particular que la ofrece o entrega.

Consultar Código Penal en el BOE

Principales modalidades

  • Artículo 419: cohecho para realizar un acto contrario a los deberes del cargo, omitirlo o retrasarlo injustificadamente.
  • Artículo 420: recepción o solicitud de una ventaja para realizar un acto propio del cargo.
  • Artículo 421: también sanciona la recepción o solicitud de recompensas por las conductas anteriores.
  • Artículo 422: admisión de regalos ofrecidos en consideración al cargo o función.
  • Artículo 424: responsabilidad del particular que ofrece o entrega la dádiva o retribución.
  • Artículo 426: contempla una exención específica para el particular que accedió ocasionalmente a la solicitud del funcionario y denuncia los hechos en las condiciones y plazo establecidos legalmente.
  • Artículo 427: extiende estas disposiciones a determinados funcionarios extranjeros, de la Unión Europea y de organizaciones internacionales.
  • Artículo 427 bis: regula las penas aplicables a las personas jurídicas responsables de estos delitos.

Penas previstas

Las penas dependen de la modalidad concreta y de las circunstancias del caso. Entre otras, el Código Penal contempla:

Conducta Consecuencias penales principales
Cohecho del artículo 419 Prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 9 a 12 años.
Cohecho del artículo 420 Prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 5 a 9 años.
Particular que soborna, artículo 424 En los supuestos previstos, las mismas penas de prisión y multa que correspondan a la autoridad o funcionario.
Persona jurídica, artículo 427 bis Multas de distinta duración y cuantía según la pena correspondiente a la persona física y el beneficio obtenido.

Las penas indicadas son referencias de los supuestos concretos citados, no una escala única aplicable a cualquier conducta de soborno.

3. Soborno y corrupción en el sector privado

El soborno no se limita a las relaciones con funcionarios públicos. El Código Penal español también contempla la corrupción en los negocios, regulada en los artículos 286 bis a 286 quater.

§
Artículo 286 bis: corrupción en los negocios

Sanciona tanto a quien recibe o solicita una ventaja no justificada para favorecer indebidamente a otro en las relaciones comerciales como a quien ofrece, promete o concede esa ventaja.

Consultar artículo 286 bis en el Código Penal

Entre los ejemplos que pueden ser relevantes, dependiendo de las circunstancias, se encuentran:

  • Pagos ocultos a empleados para conseguir adjudicaciones o contratos.
  • Comisiones ilegales para favorecer a un proveedor frente a sus competidores.
  • Beneficios personales a cambio de alterar decisiones comerciales.
  • Ventajas indebidas destinadas a manipular competiciones deportivas.

El artículo 286 ter contempla específicamente el soborno de funcionarios públicos en actividades económicas internacionales para conseguir o conservar contratos, negocios o ventajas competitivas indebidas.

4. Legislación de la Unión Europea

La Unión Europea ha desarrollado un marco jurídico común para combatir la corrupción, proteger los intereses financieros europeos y facilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros.

EU
Directiva (UE) 2026/1021, de 29 de abril de 2026

Nueva normativa europea de lucha contra la corrupción. Incluye el cohecho en el sector público y el soborno en el sector privado, además de otras conductas relacionadas con la corrupción.

Consultar Directiva 2026/1021 en EUR-Lex

Entre sus disposiciones destacan:

  • Artículo 3: cohecho activo y pasivo en el sector público.
  • Artículo 4: soborno activo y pasivo en el sector privado.
  • Artículos 5 a 11: otras modalidades de corrupción y delitos relacionados.
  • Artículo 37: establece como fecha límite general para la transposición nacional el 1 de junio de 2028.
Situación normativa: la Directiva 2026/1021 ya ha sido aprobada y publicada, pero su plazo de transposición todavía está abierto. No debe confundirse con una modificación automática e inmediata de todos los artículos del Código Penal español.
EU
Directiva (UE) 2017/1371

Relativa a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión mediante el Derecho penal. Incluye la corrupción activa y pasiva cuando perjudica o puede perjudicar dichos intereses.

Consultar Directiva PIF

5. Legislación internacional: Naciones Unidas

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España, constituye uno de los principales instrumentos internacionales en esta materia.

ONU
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003)

Establece obligaciones de prevención, tipificación penal, cooperación internacional, recuperación de activos y asistencia judicial.

Consultar texto ratificado por España en el BOE

Artículos especialmente relevantes

  • Artículo 15: soborno de funcionarios públicos nacionales, tanto activo como pasivo.
  • Artículo 16: soborno de funcionarios públicos extranjeros y de organizaciones internacionales públicas.
  • Artículo 17: malversación o apropiación indebida de bienes por funcionarios públicos.
  • Artículo 26: responsabilidad de las personas jurídicas.
  • Artículo 37: cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
  • Artículo 43: cooperación internacional.

La Convención establece compromisos para los Estados parte, que deben desarrollar y aplicar las medidas necesarias conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

6. Convenio de la OCDE contra el soborno internacional

El Convenio de la OCDE de 1997 combate el soborno de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.

OCDE
Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros

Obliga a los Estados parte a tipificar el ofrecimiento, promesa o concesión de ventajas indebidas a funcionarios públicos extranjeros para obtener o conservar negocios internacionales.

Consultar información oficial de la OCDE

Este instrumento tiene especial importancia para las empresas que operan en distintos países, participan en licitaciones internacionales o mantienen relaciones comerciales con administraciones públicas extranjeras.

7. Legislación de Estados Unidos

Estados Unidos dispone de diferentes normas federales para perseguir el soborno de funcionarios públicos y la corrupción en operaciones internacionales.

US
18 U.S.C. § 201 — Bribery of Public Officials and Witnesses

Tipifica el soborno de funcionarios públicos federales y testigos. Comprende tanto la entrega u ofrecimiento de ventajas como la solicitud o aceptación corrupta por parte del funcionario.

Consultar legislación federal estadounidense

US
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 1977

Prohíbe determinadas operaciones de soborno a funcionarios públicos extranjeros destinadas a obtener o conservar negocios. También establece obligaciones contables y controles internos para las empresas comprendidas en su ámbito.

Consultar FCPA en el Departamento de Justicia

US
Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), 2024

Complementa la FCPA al tipificar determinadas conductas de funcionarios extranjeros que solicitan o reciben sobornos vinculados a la obtención o conservación de negocios.

Consultar 18 U.S.C. § 1352

Alcance territorial: la FCPA no es una prohibición general de cualquier soborno dentro de Estados Unidos. Su regulación se centra en el soborno de funcionarios públicos extranjeros y alcanza a determinadas personas y empresas conforme a sus criterios de aplicación y jurisdicción.

8. Responsabilidad penal de las empresas

Las conductas de soborno pueden generar responsabilidad no solo para las personas físicas que intervienen, sino también para las personas jurídicas cuando concurren los requisitos legales.

En España, el artículo 31 bis del Código Penal regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los artículos 427 bis y 288 contienen las previsiones específicas de penas para determinados delitos de cohecho y corrupción en los negocios.

Entre las consecuencias que pueden imponerse a una empresa se encuentran:

  • Multas económicas.
  • Suspensión de actividades.
  • Clausura de establecimientos.
  • Prohibición de realizar determinadas actividades.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público, en los supuestos legalmente previstos.
  • Intervención judicial y, en los casos más graves, disolución de la persona jurídica.

Los programas de prevención y cumplimiento normativo pueden tener relevancia para valorar la responsabilidad de las personas jurídicas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la legislación penal.

9. Diferencia entre soborno, cohecho y tráfico de influencias

Figura jurídica Descripción Referencia española
Cohecho Entrega, solicitud o aceptación de una ventaja indebida vinculada a la función pública. Arts. 419-427 CP
Corrupción en los negocios Ventajas indebidas para favorecer a alguien en relaciones comerciales privadas. Art. 286 bis CP
Soborno internacional Ventajas indebidas para influir en funcionarios extranjeros en operaciones económicas internacionales. Art. 286 ter CP
Tráfico de influencias Utilización de una posición o relación para influir en una resolución pública y conseguir un beneficio. Arts. 428-430 CP

Aunque estas figuras pueden estar relacionadas, no son equivalentes. Cada una exige elementos específicos y debe analizarse de acuerdo con su correspondiente tipo penal.

10. Prevención y denuncia del soborno

La lucha contra el soborno requiere mecanismos de prevención, controles internos y canales adecuados para comunicar posibles irregularidades.

Medidas preventivas

  • Establecer políticas de regalos, invitaciones y hospitalidad.
  • Documentar las relaciones con proveedores, intermediarios y agentes comerciales.
  • Implantar controles financieros y contables.
  • Identificar conflictos de intereses.
  • Establecer canales internos de información y protección del informante conforme a la legislación aplicable.

Canales de información en España

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

En función de las circunstancias, los hechos pueden ponerse en conocimiento de las autoridades policiales, judiciales, el Ministerio Fiscal o los canales externos competentes.

Consultar Ley 2/2023 en el BOE

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