Ley Audiovisual en España: informe actualizado de la Ley 13/2022 y su normativa de desarrollo
La Ley General de Comunicación Audiovisual constituye el marco jurídico fundamental que regula los servicios de televisión, radio, plataformas de intercambio de vídeos y determinadas actividades de comunicación audiovisual en España. Su objetivo es adaptar la legislación a un entorno digital en constante evolución, establecer obligaciones para los prestadores y proteger los derechos de los usuarios, especialmente de los menores.
En este informe examinamos el contenido de la Ley 13/2022, de 7 de julio, sus principales obligaciones, las disposiciones reglamentarias que la desarrollan y las modificaciones legislativas posteriores. Se presta especial atención a la actualización publicada en octubre de 2026.
Fecha de actualización del informe: 8 de noviembre de 2026.
1. La Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual
La norma principal es la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de julio de 2022 y en vigor, con las particularidades previstas en su régimen de entrada en vigor, desde el 9 de julio de 2022.
Esta ley sustituyó el marco anterior de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, y adaptó la regulación española a los cambios tecnológicos y a la evolución de los servicios audiovisuales en Internet.
Su ámbito comprende, entre otras actividades, los servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos, los servicios a petición, los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas y determinadas actividades de agregación de servicios audiovisuales.
La norma también establece obligaciones relacionadas con la publicidad, la protección de los consumidores, la accesibilidad, la transparencia de los prestadores y la promoción de las obras audiovisuales europeas.
Texto legal: Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (texto consolidado del BOE).
2. Última actualización legislativa: octubre de 2026
Una de las novedades normativas más recientes es la modificación del artículo 108 de la Ley 13/2022, introducida por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, relativa a los derechos de las personas con discapacidad y a la accesibilidad universal.
La modificación se encuentra en la disposición final decimoquinta de la Ley 4/2026 y entró en vigor el 23 de octubre de 2026.
¿Qué cambia en el artículo 108?
La nueva redacción refuerza los mecanismos de autorregulación y corregulación destinados a mejorar la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual.
Entre sus principales previsiones destacan:
- La promoción de códigos de autorregulación por parte de las autoridades audiovisuales.
- La consulta a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad durante la elaboración de dichos códigos.
- La posibilidad de que el Gobierno establezca requisitos reglamentarios de calidad cuando no exista un código adecuado o este resulte insuficiente.
- El impulso de medidas de accesibilidad en las comunicaciones comerciales audiovisuales.
- La participación de prestadores, anunciantes, agencias publicitarias y organizaciones representativas de las personas con discapacidad.
La reforma pretende que la accesibilidad no se limite a los contenidos audiovisuales, sino que también tenga presencia en la publicidad y en las comunicaciones comerciales.
Disposición modificadora: Ley 4/2026, de 1 de octubre, texto oficial del BOE.
3. Estructura y principales materias reguladas
La Ley 13/2022 se organiza en títulos y capítulos que regulan los diferentes servicios audiovisuales y las obligaciones que corresponden a sus prestadores.
Principios generales de la comunicación audiovisual
Los artículos 4 a 15 establecen principios generales relacionados con la dignidad humana, el pluralismo, la igualdad de género, la protección de las personas con discapacidad, las lenguas oficiales, la veracidad de la información, la alfabetización mediática y la propiedad intelectual.
Estos principios constituyen el marco de referencia para la prestación de servicios audiovisuales y la protección de los derechos de los usuarios.
Prestación de servicios audiovisuales y títulos habilitantes
La ley regula las condiciones para prestar servicios de comunicación audiovisual televisivos y establece los títulos habilitantes correspondientes. Con carácter general, determinados servicios requieren una comunicación previa ante la autoridad competente, mientras que la emisión televisiva mediante ondas hertzianas terrestres está sometida a un régimen de licencia.
También contempla la inscripción en los registros correspondientes y las obligaciones de transparencia sobre la titularidad y propiedad de los prestadores.
Servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas
La regulación alcanza a los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas, estableciendo obligaciones destinadas a proteger a los usuarios, especialmente a los menores, frente a determinados contenidos y comunicaciones comerciales.
También se regulan determinadas obligaciones de los usuarios de especial relevancia que desarrollan actividades audiovisuales en estas plataformas.
Protección de menores y accesibilidad
La ley establece medidas para proteger a los menores frente a contenidos perjudiciales, regular la calificación de los programas y garantizar que los servicios audiovisuales incorporen medidas de accesibilidad, como subtitulado, audiodescripción y lengua de signos, en los términos establecidos para cada modalidad de servicio.
4. Los usuarios de especial relevancia y los creadores de contenido
Uno de los aspectos que más interés ha generado es la regulación de los denominados usuarios de especial relevancia (UER), categoría que puede incluir a determinados creadores de contenido que utilizan plataformas como YouTube, Instagram o servicios similares.
El artículo 94 de la Ley 13/2022 establece obligaciones específicas para estos usuarios cuando reúnen los requisitos legales. No todos los creadores de contenido están incluidos en esta categoría: es necesario cumplir simultáneamente las condiciones previstas en la ley y su normativa de desarrollo.
Requisitos económicos y de audiencia
El Real Decreto 444/2024, de 30 de abril, desarrolla los criterios para determinar cuándo un usuario de una plataforma de intercambio de vídeos tiene la consideración de usuario de especial relevancia.
Entre los requisitos cuantitativos destacan los siguientes:
- Ingresos: ingresos brutos iguales o superiores a 300.000 euros derivados de la actividad desarrollada en el conjunto de los servicios de intercambio de vídeos durante el ejercicio de referencia.
- Seguidores: al menos 1.000.000 de seguidores en un único servicio de intercambio de vídeos o 2.000.000 de forma agregada en varias plataformas.
- Actividad: publicación o difusión de al menos 24 vídeos durante el año natural anterior.
Los requisitos de audiencia deben cumplirse de forma acumulativa: el umbral de seguidores correspondiente y la publicación de al menos 24 vídeos. Además, deben concurrir los restantes requisitos legales, entre ellos la actividad económica, la responsabilidad editorial, la finalidad del servicio y el establecimiento en España.
Por tanto, no basta con tener un número elevado de seguidores para quedar automáticamente sujeto a este régimen.
Normativa de desarrollo: Real Decreto 444/2024, de 30 de abril.
La CNMC dispone de información complementaria sobre la definición y los requisitos de los usuarios de especial relevancia en su apartado de preguntas frecuentes sobre el sector audiovisual.
5. Registro estatal de prestadores audiovisuales
El artículo 39 de la Ley 13/2022 contempla el Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataformas y de prestadores del servicio de agregación de servicios audiovisuales.
El desarrollo reglamentario se encuentra en el Real Decreto 1138/2023, de 19 de diciembre, que regula la organización y funcionamiento del registro, los procedimientos de inscripción y la comunicación previa de inicio de actividad.
El registro permite identificar a los prestadores y los servicios que ofrecen, favoreciendo la transparencia del sector y facilitando las funciones de supervisión y control de las autoridades competentes.
Entre los datos que pueden exigirse figuran la identificación del prestador, la marca comercial, la naturaleza del servicio, el ámbito geográfico, los idiomas, la tecnología de transmisión y el sistema de financiación.
Normativa: Real Decreto 1138/2023, de 19 de diciembre, texto consolidado.
Puede consultarse también la información administrativa del Registro estatal de prestadores audiovisuales.
6. Protección de los menores frente a contenidos audiovisuales
La protección de los menores constituye uno de los ejes fundamentales de la legislación audiovisual. La Ley 13/2022 incorpora obligaciones destinadas a evitar su exposición a contenidos perjudiciales y a limitar determinadas prácticas comerciales.
Entre las materias reguladas destacan:
- Derechos de los menores en el ámbito audiovisual.
- Protección de su imagen, voz y datos personales.
- Calificación de los programas y utilización de descriptores visuales.
- Medidas de protección frente a contenidos perjudiciales para su desarrollo físico, mental o moral.
- Restricciones y medidas específicas relacionadas con las comunicaciones comerciales dirigidas a menores.
- Obligaciones de protección en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas.
Los artículos 95 a 100 regulan aspectos esenciales de la protección de los menores en los servicios audiovisuales televisivos. Por su parte, los artículos 88 a 90 contienen disposiciones relacionadas con la protección de usuarios y menores en el ámbito de las plataformas.
7. Publicidad y comunicaciones comerciales audiovisuales
La Ley 13/2022 regula las comunicaciones comerciales audiovisuales, incluyendo distintas formas de promoción de productos, servicios y actividades económicas.
Entre las modalidades contempladas se encuentran:
- Publicidad audiovisual.
- Patrocinio.
- Televenta.
- Emplazamiento de producto.
- Comunicaciones comerciales integradas en vídeos generados por usuarios.
- Autopromoción de productos, servicios o actividades.
La regulación establece límites y condiciones para estas comunicaciones, con especial atención a la protección de los menores, la transparencia y la identificación de los contenidos publicitarios.
La aplicación de estas disposiciones debe coordinarse con la Ley 34/1988, General de Publicidad, y con las normas específicas que regulan determinados productos y sectores.
Normativa complementaria: Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
8. Accesibilidad universal a los servicios audiovisuales
La accesibilidad es otro de los elementos esenciales de la legislación. La finalidad es facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a los contenidos y servicios audiovisuales en condiciones adecuadas.
Los artículos 101 a 109 regulan diferentes aspectos de esta materia, incluyendo la accesibilidad de los servicios televisivos lineales y a petición, las medidas de control, los puntos de contacto y los mecanismos de autorregulación.
La reforma del artículo 108 introducida en octubre de 2026 refuerza la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y prevé mecanismos adicionales para mejorar la calidad de las medidas de accesibilidad.
La accesibilidad debe analizarse teniendo en cuenta la modalidad del servicio y las obligaciones concretas que la ley establece para cada tipo de prestador.
9. Promoción de la obra audiovisual europea
La Ley 13/2022 establece obligaciones para promover la producción y difusión de obras audiovisuales europeas y la diversidad lingüística.
El régimen se desarrolla principalmente en los artículos 110 y siguientes, que contemplan las obligaciones de promoción y las definiciones aplicables a las obras audiovisuales europeas.
Estas disposiciones afectan a determinados prestadores de servicios audiovisuales, con obligaciones que varían según la naturaleza del servicio y el régimen jurídico aplicable.
10. Normativa complementaria y legislación relacionada
La aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual debe interpretarse conjuntamente con otras disposiciones nacionales y europeas. Entre las referencias normativas más relevantes se encuentran las siguientes:
Legislación española
- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
- Ley 4/2026, de 1 de octubre, modificación del artículo 108 de la Ley Audiovisual.
- Real Decreto 1138/2023, de 19 de diciembre, sobre el Registro estatal de prestadores audiovisuales.
- Real Decreto 444/2024, de 30 de abril, sobre usuarios de especial relevancia.
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Legislación de la Unión Europea
- Directiva 2010/13/UE, sobre servicios de comunicación audiovisual.
- Directiva (UE) 2018/1808, que modifica la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.
- Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos.
11. Autoridades competentes y supervisión del sector
La supervisión de las obligaciones audiovisuales corresponde a las autoridades competentes según el ámbito territorial y la naturaleza del servicio.
En el ámbito estatal destaca la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desarrolla funciones de supervisión y control en las materias que tiene atribuidas por la legislación audiovisual.
También intervienen los órganos competentes de la Administración General del Estado y las autoridades audiovisuales autonómicas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Para consultar la normativa y los criterios de aplicación del sector puede acudirse a los siguientes recursos oficiales:
- CNMC: normativa audiovisual.
- CNMC: preguntas frecuentes sobre comunicación audiovisual.
- Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
- Boletín Oficial del Estado.
12. Conclusiones: una regulación adaptada al entorno digital
La Ley 13/2022 representa una actualización importante del marco jurídico audiovisual español. Su alcance va más allá de la televisión y la radio tradicionales, incorporando obligaciones específicas para los servicios digitales y determinadas actividades desarrolladas en plataformas de intercambio de vídeos.
La regulación de los usuarios de especial relevancia, la protección de los menores, las comunicaciones comerciales, la accesibilidad y la transparencia de los prestadores son algunas de las materias que requieren especial atención por parte de los profesionales y operadores del sector.
La modificación del artículo 108, publicada en octubre de 2026, demuestra que la normativa continúa evolucionando para reforzar los derechos de las personas con discapacidad y mejorar la accesibilidad de los contenidos y servicios audiovisuales.
Para conocer el alcance exacto de cada obligación es imprescindible consultar el texto consolidado de la ley, sus disposiciones de desarrollo y las resoluciones o criterios de las autoridades competentes.
13. Consulta el texto íntegro de la Ley Audiovisual
Puedes consultar la ficha jurídica de esta disposición, así como acceder a la legislación relacionada, desde LeyLegal.com. Para cualquier comprobación normativa debe utilizarse preferentemente la publicación oficial del BOE y su texto consolidado.
Nota jurídica: este informe tiene carácter informativo y divulgativo. No sustituye la consulta de las disposiciones oficiales ni constituye asesoramiento jurídico individualizado. La aplicación de las obligaciones depende de las características concretas de cada servicio, prestador y actividad.
Fuentes oficiales: Boletín Oficial del Estado, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y EUR-Lex.