La Ley de Vivienda 2023 en España introduce medidas clave para regular el mercado del alquiler, limitar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda. Sus principales puntos incluyen la limitación de precios en zonas tensionadas, beneficios fiscales para arrendadores, penalizaciones por viviendas vacías y nuevas reglas sobre grandes tenedores.
Desvinculación del IPC en alquileres La actualización anual de la renta deja de estar ligada al IPC. Se establece un índice específico de referencia para evitar subidas desproporcionadas.
Declaración de zonas tensionadas Las administraciones pueden declarar “zonas de mercado residencial tensionado” donde se aplican límites a los precios de alquiler. Esto busca frenar la especulación y proteger a los inquilinos.
Definición de grandes tenedores Se consideran grandes tenedores quienes poseen más de 10 viviendas o más de 1.500 m² de uso residencial. Estos tienen obligaciones adicionales en zonas tensionadas.
Limitación de precios de alquiler En zonas tensionadas, los alquileres de grandes tenedores deben ajustarse a índices oficiales de referencia. Para pequeños propietarios, se limita la subida al contrato anterior.
Beneficios fiscales para arrendadores Se introducen incentivos en el IRPF para propietarios que bajen el precio del alquiler o alquilen a colectivos vulnerables.
Recargo en el IBI por viviendas vacías Los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI a inmuebles desocupados de forma injustificada.
Honorarios inmobiliarios Los gastos de gestión y honorarios de las agencias inmobiliarias deben ser asumidos por el arrendador, no por el inquilino.
Protección frente a desahucios Se refuerzan los procedimientos para evitar desahucios sin alternativa habitacional, especialmente en casos de vulnerabilidad.
Contexto reciente
En noviembre de 2025 se debate una reforma adicional que busca prohibir que fondos de inversión, socimis y personas jurídicas compren viviendas en España, con el objetivo de frenar la especulación y concentración de inmuebles en pocas manos.
Novedades de la Ley de Vivienda
Ramas principales:
Limitación de precios de alquiler → topes en zonas tensionadas según índice oficial.
Zonas tensionadas → áreas con alta demanda y precios elevados, reguladas por la administración.
Grandes tenedores → más de 10 viviendas o 1.500 m², con obligaciones adicionales.
Beneficios fiscales → incentivos en IRPF si se bajan precios o se alquila a colectivos vulnerables.
Recargo IBI por viviendas vacías → hasta un 150% de recargo si no se ocupan sin justificación.
Honorarios inmobiliarios → los paga el arrendador, no el inquilino.
Protección frente a desahucios → refuerzo legal para evitar desalojos sin alternativa habitacional.
MAPA CONCEPTUAL
Ley de Vivienda 2023
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Limitación de precios Zonas tensionadas Grandes tenedores
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Topes en alquileres Áreas con alta demanda +10 viviendas o 1500 m²
según índice oficial y precios elevados Obligaciones extra
Regulación especial
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Beneficios fiscales Recargo IBI Honorarios inmobiliarios
Incentivos IRPF Hasta 150% por Los paga el arrendador
por bajar precios viviendas vacías No el inquilino
o alquilar a vulnerables
│
Protección frente a desahucios
Refuerzo legal para evitar
desalojos sin alternativa
habitacional
Tabla comparativa
Medida
Impacto en inquilinos
Impacto en propietarios
Limitación de precios de alquiler
Evita subidas abusivas en zonas tensionadas.
Reduce margen de subida en contratos nuevos.
Zonas tensionadas
Mayor protección en áreas con alta demanda.
Obligación de ajustar precios a índices oficiales.
Grandes tenedores
Más control sobre alquileres de grandes propietarios.
Restricciones adicionales si poseen +10 viviendas.
Beneficios fiscales
Posibilidad de acceder a alquiler más barato.
Incentivos en IRPF si bajan precios o alquilan a vulnerables.
Recargo IBI por viviendas vacías
Fomenta que haya más oferta de alquiler.
Penalización económica si mantienen viviendas vacías.
Honorarios inmobiliarios
No pagan comisiones de agencia.
Asumen los gastos de gestión y honorarios.
Protección frente a desahucios
Refuerzo legal para evitar desalojos sin alternativa.
Procedimientos más largos y exigentes en casos de vulnerabilidad.
🏠 Caso práctico: Alquiler en Oviedo
Situación inicial Una familia busca alquilar un piso de 70 m² en el centro de Oviedo. El propietario pide 850 € mensuales.
Aplicación de la Ley de Vivienda
Zonas tensionadas: Si el Principado de Asturias declara el centro de Oviedo como zona tensionada, el precio máximo debe ajustarse al índice oficial de referencia. → Supongamos que el índice marca 780 €. El propietario no puede pedir más.
Grandes tenedores: Si el arrendador tiene más de 10 viviendas, está obligado a aplicar el índice oficial.
Honorarios inmobiliarios: La familia no paga comisión de agencia; esos gastos los asume el propietario.
Beneficios fiscales: Si el propietario rebaja el alquiler un 5% (por ejemplo, a 740 €), puede obtener una reducción en el IRPF.
Protección frente a desahucios: En caso de impago, el desahucio debe garantizar que la familia tenga alternativa habitacional si demuestra vulnerabilidad.
Recargo IBI: Si el piso hubiera estado vacío más de 2 años sin causa justificada, el Ayuntamiento podría aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI.
Resultado
Inquilinos: Pagan menos (780 € en lugar de 850 €), no afrontan comisiones y tienen más seguridad frente a desahucios.
Propietario: Pierde margen de subida, pero puede beneficiarse de incentivos fiscales si ajusta el precio.
Este ejemplo muestra cómo la ley equilibra intereses: protege a las familias y obliga a los propietarios a dinamizar el mercado, pero también les da incentivos si colaboran.
En resumen, la Ley de Vivienda 2023 supone un cambio estructural en el mercado inmobiliario español, con especial foco en regular alquileres, proteger a inquilinos y penalizar la especulación.
La “Ley del solo sí es sí” es la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, aprobada en España en septiembre de 2022. Su eje central es que el consentimiento expreso pasa a ser el criterio fundamental para determinar si una relación sexual es legal o constituye agresión.
Fue impulsada por el Ministerio de Igualdad tras casos mediáticos como el de La Manada, que evidenciaron vacíos legales en la tipificación de delitos sexuales.
Se aprobó en el Congreso el 25 de agosto de 2022 y entró en vigor el 7 de octubre de 2022.
También se conoce como Ley Montero, por su promotora Irene Montero, entonces ministra de Igualdad.
⚖️ Principales cambios en el Código Penal
Consentimiento expreso: “Solo sí es sí”. Se elimina la distinción entre abuso sexual y agresión sexual.
Unificación de delitos sexuales: cualquier acto sin consentimiento se considera agresión sexual.
Penas más claras: se establecen rangos de condena más amplios, aunque la aplicación inicial provocó reducciones de penas en algunos casos, generando polémica.
Protección integral: incluye medidas de asistencia psicológica, jurídica y social para las víctimas.
Nuevos delitos: se tipifica el acoso callejero y la difusión no consentida de imágenes sexuales.
Controversias y críticas
La aplicación inicial permitió la reducción de condenas a más de un millar de agresores sexuales, lo que generó un fuerte debate político y social.
Partidos de la oposición han prometido derogar o reformar la ley, endureciendo las penas y revisando su marco.
Feministas y juristas defienden que la ley es un avance histórico, porque sitúa el consentimiento en el centro y reconoce formas de violencia antes invisibilizadas.
La Ley del “sí es sí” busca garantizar que toda relación sexual sin consentimiento expreso sea considerada agresión, ampliando la protección de las víctimas y reforzando la asistencia integral. Aunque su implementación generó polémica por las rebajas de condenas, sigue siendo un hito en la legislación española sobre violencia sexual.
En el ámbito jurídico, un prejuicio es una decisión o juicio anticipado sobre una cuestión legal antes de que se presenten todos los elementos necesarios para evaluarla objetivamente. También puede referirse a resoluciones procesales como el “despido con prejuicio”, que impide volver a presentar una demanda.
📘 Significados de “prejuicio” en el contexto legal
1. Prejuicio como juicio anticipado
Es la acción de prejuzgar un asunto sin tener todos los elementos de juicio necesarios.
Puede afectar la imparcialidad de un proceso judicial.
Se relaciona con el concepto de prejuzgamiento, que puede invalidar decisiones si se demuestra parcialidad.
2. Prejuicio procesal
Se usa en expresiones como:
“Con prejuicio”: una resolución definitiva. Ejemplo: despido con prejuicio impide volver a presentar la misma demanda.
“Sin prejuicio”: permite que la parte vuelva a presentar el caso en el futuro.
3. Diferencia con “perjuicio”
Prejuicio: juicio anticipado o resolución con efectos procesales.
Perjuicio: daño o pérdida sufrida por una persona, que puede dar lugar a indemnización.
⚖️ Ejemplos prácticos
Término legal
Significado jurídico
Consecuencia legal
Despido con prejuicio
Resolución definitiva que impide reabrir el caso
No se puede volver a demandar
Despido sin prejuicio
Resolución temporal o técnica
Se puede volver a presentar la demanda
Prejuicio judicial
Juicio anticipado sin pruebas suficientes
Puede invalidar decisiones por parcialidad
📘 Guía rápida: “con” vs “sin” perjuicio en resoluciones judiciales
1. “Con perjuicio”
Se utiliza cuando la decisión afecta negativamente a un derecho, acción o recurso. Implica que la resolución cierra la puerta a reclamar lo mismo en el futuro.
Ejemplo práctico:
“Se desestima la demanda con perjuicio, quedando el actor impedido de volver a plantear la misma pretensión en otro proceso.” 👉 Aquí el tribunal rechaza la demanda y el demandante no puede volver a intentarlo.
Otro ejemplo:
“Se archiva el procedimiento con perjuicio de las costas, que deberán ser abonadas por la parte demandante.”👉 Además de perder, el demandante asume las costas.
2. “Sin perjuicio”
Se usa para indicar que la decisión no afecta otros derechos o acciones. Es una forma de dejar abierta la posibilidad de reclamar o actuar en otro ámbito.
Ejemplo práctico:
“Se acuerda el sobreseimiento provisional sin perjuicio de que pueda reabrirse la causa si aparecen nuevos elementos de prueba.” 👉 El caso se archiva, pero puede reabrirse en el futuro.
Otro ejemplo:
“Se dicta sentencia absolutoria sin perjuicio de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse en otro procedimiento.” 👉 El acusado queda absuelto penalmente, pero puede haber responsabilidad civil.
Diferencia clave
Con perjuicio → resolución definitiva, cierra la vía.
Sin perjuicio → resolución provisional o limitada, deja abierta otra posibilidad.
La Ley ELA, aprobada en España en 2024 y desarrollada por decreto en noviembre de 2025, garantiza atención 24 horas y ayudas de hasta 10.000 € mensuales para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en fase avanzada. También crea un nuevo grado de dependencia extrema y refuerza el sistema de cuidados.
Puntos clave de la Ley ELA
🟢 1. Prestación económica directa
Hasta 10.000 € al mes para pacientes con ELA en fase avanzada.
Cubre cuidados domiciliarios, asistencia profesional y tecnología de apoyo.
🟢 2. Nuevo grado de dependencia: Grado III+
Se crea el Grado III+, que reconoce situaciones de dependencia extrema.
Permite acceso prioritario a recursos, atención personalizada y ayudas reforzadas.
🟢 3. Atención 24 horas
Derecho garantizado a asistencia continua en el domicilio.
Incluye servicios de enfermería, fisioterapia, respiración asistida y apoyo familiar.
🟢 4. Refuerzo del sistema de dependencia
Se movilizan 500 millones de euros para mejorar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Mejora la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y comunitarios.
🟢 5. Agilización de trámites
Se simplifican los procedimientos para acceder a ayudas y reconocimiento de dependencia.
Reducción de tiempos de espera y digitalización de procesos.
🟢 6. Inclusión de otras enfermedades
Se estudia ampliar la cobertura a otras enfermedades neurodegenerativas irreversibles, como la AME (atrofia muscular espinal).
Las asociaciones piden flexibilizar los criterios de acceso.
🟢 7. Aprobación por consenso
La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso y el Senado.
Impulsada por asociaciones como la Fundación Luzón y colectivos de pacientes.
📅 Fechas importantes
24 octubre 2024: Aprobación de la Ley ELA.
31 octubre 2024: Publicación en el BOE.
19 noviembre 2025: Convalidación del decreto que desarrolla la ley y la dota de fondos.
¿Qué falta por concretar?
Aplicación homogénea en todas las comunidades autónomas.
Inclusión de más enfermedades raras.
Seguimiento de la efectividad de las ayudas y atención domiciliaria.
Ley 3/2024, de 30 de octubre, de personas con ELA
📑 Detalles del documento
Título completo: Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades de alta complejidad.
Publicado en el BOE: Núm. 263, el 31 de octubre de 2024.
¿Tienen que conocer las leyes los ciudadanos en España?
En España, sí: los ciudadanos tienen la obligación de conocer y respetar las leyes. Esto se fundamenta en varios principios jurídicos y constitucionales:
Principio de “ignorantia legis non excusat”: La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, aunque una persona no conozca una norma, sigue estando obligada a cumplirla.
Constitución Española (artículo 9.1): Establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Publicidad de las leyes: Para que esta obligación sea justa, las leyes deben ser públicas y accesibles. Por eso se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los boletines autonómicos.
Educación cívica y jurídica: Aunque no se espera que cada ciudadano memorice todas las normas, sí se fomenta el conocimiento básico de derechos y deberes a través de la educación y campañas informativas.
En resumen: los ciudadanos españoles no pueden alegar desconocimiento de la ley como excusa. La obligación es cumplirlas, y el Estado garantiza que estén publicadas y disponibles para todos.
Derechos y deberes básicos que la Constitución Española reconoce a los ciudadanos:
⚖️ Derechos fundamentales
Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15).
Libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16).
Derecho a la libertad y seguridad personal (art. 17).
Derecho a la educación (art. 27).
Derecho a participar en asuntos públicos mediante el voto y el acceso a cargos públicos (art. 23).
Derecho a la igualdad y a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, etc. (art. 14).
Deberes principales
Cumplir las leyes y respetar la Constitución (art. 9.1).
Defender España en caso de necesidad (art. 30).
Contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante impuestos justos (art. 31).
Respetar los derechos de los demás y actuar con solidaridad.
Participar en la vida democrática respetando las instituciones y normas.
En resumen: la Constitución no solo garantiza libertades, también impone obligaciones que aseguran la convivencia y el funcionamiento del Estado.
Derechos y deberes de los ciudadanos en España según la Constitución 🇪🇸:
Derechos
Deberes
Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15)
Cumplir la Constitución y las leyes (art. 9.1)
Libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16)
Defender España en caso de necesidad (art. 30)
Derecho a la libertad y seguridad personal (art. 17)
Contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante impuestos (art. 31)
Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14)
Respetar los derechos de los demás y actuar con solidaridad
Derecho a la educación (art. 27)
Participar en la vida democrática respetando instituciones y normas
Derecho a participar en asuntos públicos: votar y acceder a cargos (art. 23)
Ejercer la responsabilidad cívica en la convivencia
Como ves, la Constitución equilibra libertades con responsabilidades: garantiza derechos fundamentales, pero también exige deberes que sostienen la convivencia y el funcionamiento del Estado.
Con este esquema podrás ver de un vistazo cómo se equilibran las libertades (vida, igualdad, libertad, educación, participación política) con las responsabilidades (cumplir la ley, defender España, pagar impuestos, respetar derechos ajenos, participar responsablemente).
DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALESDerechos y Deberes de la Constitución Española.
El delito de estafa en España consiste en obtener un beneficio económico mediante engaño, causando un perjuicio patrimonial a otra persona. Está regulado en los artículos 248 a 251 del Código Penal y se castiga con penas de prisión o multa, según la gravedad y la cuantía defraudada.
📖 Definición legal
El artículo 248 del Código Penal español establece que cometen estafa quienes, con ánimo de lucro, utilizan un engaño suficiente para inducir a otro a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Es un delito patrimonial: el objetivo es obtener un beneficio económico ilícito a costa de la víctima.
⚖️ Requisitos para que exista estafa
Ánimo de lucro → intención de obtener un beneficio económico.
Engaño bastante → debe ser lo suficientemente convincente para inducir a error.
Error de la víctima → la persona engañada cree en la falsedad.
Acto de disposición patrimonial → la víctima entrega dinero, bienes o derechos.
Perjuicio económico → la víctima sufre una pérdida patrimonial.
Tipos de estafa
Estafa básica → la descrita en el art. 248.
Estafa agravada → cuando la cuantía es elevada, afecta a bienes de primera necesidad, se comete con abuso de confianza o afecta a un gran número de personas.
Estafa informática o telemática → engaños realizados a través de internet, tarjetas de crédito, comercio electrónico.
Estafas impropias → recogidas en el Código Penal, como la administración desleal o fraudes específicos.
Penas
Prisión de 6 meses a 3 años para la estafa básica.
Multa de 1 a 3 meses si la cuantía defraudada no excede de 400 euros (delito leve).
Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses en casos agravados.
La pena se ajusta según el importe defraudado, el daño causado y las circunstancias del caso.
⏳ Prescripción
El delito de estafa prescribe en 5 años si es básico.
En casos agravados, puede prescribir en 10 años.
Conclusión
La estafa es uno de los delitos económicos más comunes en España. Se basa en el engaño con ánimo de lucro, y su gravedad depende de la cuantía y las circunstancias. Hoy en día, las estafas digitales son cada vez más frecuentes, lo que ha llevado a reforzar la regulación y la jurisprudencia.
Como Actuar ante una Estafa
Si sospechas o confirmas que has sido víctima de una estafa, lo más importante es actuar rápido: recopila pruebas, denuncia en los canales oficiales y protege tus datos financieros.
Pasos inmediatos ante una estafa
Reúne todas las evidencias: guarda correos, mensajes, capturas de pantalla, recibos de pago, datos de cuentas o webs implicadas.
Cancela pagos o bloquea tarjetas: contacta con tu banco para detener transferencias, bloquear tarjetas o anular cargos fraudulentos.
Cambia contraseñas: si la estafa implicó acceso a tus cuentas, modifica claves de correo, redes sociales y banca online.
Denuncia el hecho:
Policía Nacional → presencialmente o en denuncias.policia.es.
Guardia Civil → en comisarías o a través de su portal de delitos telemáticos.
Mossos d’Esquadra / Ertzaintza → si resides en Cataluña o País Vasco.
Informa a la plataforma afectada: si fue en una web, red social o app, notifícalo para que bloqueen al estafador.
⚖️ Aspectos legales
El delito de estafa está regulado en los artículos 248 a 251 del Código Penal.
Se castiga con prisión de 6 meses a 3 años en su forma básica, y hasta 6 años en casos agravados.
Si la cuantía defraudada es inferior a 400 €, se considera delito leve y la pena suele ser multa.
Cómo protegerte en el futuro
Desconfía de ofertas demasiado buenas o urgencias para pagar.
Verifica siempre la URL y usa webs oficiales.
Activa la verificación en dos pasos en tus cuentas.
Usa medios de pago seguros (tarjetas con protección, PayPal, Bizum solo con conocidos).
Mantén tu sistema y navegador actualizados para evitar vulnerabilidades.
Conclusión
Ante una estafa, la rapidez es clave: recopilar pruebas, denunciar y proteger tus cuentas financieras. Aunque recuperar el dinero no siempre es posible, denunciar ayuda a frenar al estafador y protege a otras personas.
1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
2. También se consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.
Artículo 249.
Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.
Artículo 250.
El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:
Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.
Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artísticos, histórico, cultural o científico.
Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas.
Se cometa con abuso de las relaciones personales entre víctima y defraudados, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen o emplearen otro fraude procesa análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros.
Artículo 251.
Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:
Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.
El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.
El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.
Artículo 251 bis.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa del triple del quíntuplo de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado del artículo 33.
