Pensiones en España

Con los datos disponibles a 21 de octubre de 2026, mi estimación razonable es que las pensiones contributivas subirán aproximadamente un 3,5 % en enero de 2027, aunque todavía no es una cifra definitiva.

El sistema público de pensiones en España garantiza protección económica ante situaciones como la jubilación, la incapacidad permanente o el fallecimiento de un familiar. La cuantía y los requisitos dependen de la modalidad de pensión, las cotizaciones efectuadas, la edad, los ingresos y las circunstancias personales del beneficiario.

¿Cuánto subirán las pensiones en 2027?

La revalorización de las pensiones contributivas se calcula conforme a la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior, según la Ley General de la Seguridad Social.

Último dato disponible: el IPC interanual de septiembre de 2026 fue del 4,9 %, según el INE. A 21 de octubre, todavía no se conoce el dato definitivo de octubre.

¿Puede superar el 5 % en noviembre? Sí, es posible, pero no puede darse por hecho. Además, la subida de las pensiones para 2027 no dependerá exclusivamente del IPC de noviembre, sino de la media legal del periodo de referencia.

El incremento definitivo de 2027 todavía está pendiente de cálculo y aprobación oficial. Las previsiones publicadas antes de conocer los datos restantes son estimaciones, no una subida garantizada.

Consultar el IPC oficial del INE · Consultar la Ley General de la Seguridad Social.

Pensiones en España: tipos, requisitos y revalorización en 2026

En esta guía jurídica de LEYLEGAL explicamos los principales tipos de pensiones, cómo funciona su revalorización anual y qué legislación debe consultarse para conocer los derechos aplicables en cada caso.

Marco legal de las pensiones en España

El sistema de pensiones se fundamenta en la Constitución Española y en la legislación de la Seguridad Social. El artículo 50 de la Constitución establece que los poderes públicos garantizarán pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas para asegurar la suficiencia económica durante la tercera edad.

La norma básica es el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esta ley regula las prestaciones, los requisitos de acceso, el cálculo de las cuantías y las reglas de revalorización.

Pensiones contributivas y no contributivas

Pensiones contributivas

Son prestaciones cuya concesión depende, con carácter general, de las cotizaciones realizadas al sistema de la Seguridad Social y del cumplimiento de los requisitos legales específicos. Su importe se calcula conforme a las reglas aplicables a cada modalidad, teniendo en cuenta factores como las bases de cotización y los periodos cotizados.

Dentro de esta categoría se encuentran las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y las derivadas del fallecimiento de una persona asegurada o pensionista.

Pensiones no contributivas

Están destinadas a personas que carecen de recursos suficientes y cumplen los requisitos de residencia, edad o discapacidad establecidos legalmente, aunque no hayan cotizado o no alcancen el periodo necesario para obtener una pensión contributiva.

Las principales modalidades son la pensión no contributiva de jubilación y la de incapacidad. Su reconocimiento y gestión corresponden, con carácter general, a los órganos competentes de las comunidades autónomas y al IMSERSO en Ceuta y Melilla.

Consultar el portal oficial del IMSERSO.

Tipos de pensiones públicas

Pensión de jubilación

La pensión de jubilación sustituye los ingresos del trabajo cuando una persona cesa en su actividad laboral al alcanzar la edad y cumplir las condiciones exigidas. La edad ordinaria depende del año de jubilación y de los años cotizados.

La legislación contempla distintas modalidades, entre ellas:

  • Jubilación ordinaria: se accede al alcanzar la edad legal y reunir el periodo mínimo de cotización.
  • Jubilación anticipada: permite adelantar el retiro en los supuestos previstos legalmente, con posibles coeficientes reductores.
  • Jubilación parcial: combina, cuando se cumplen los requisitos, la percepción de una parte de la pensión con una actividad laboral a tiempo parcial.
  • Jubilación flexible: permite compatibilizar la pensión ya reconocida con un trabajo a tiempo parcial en las condiciones establecidas.
  • Jubilación activa: posibilita compatibilizar pensión y trabajo si se cumplen los requisitos legales correspondientes.

La cuantía no es igual para todos los pensionistas: depende de las bases reguladoras, los periodos cotizados y las reglas vigentes cuando se causa la pensión.

Legislación aplicable: Ley General de la Seguridad Social, artículos 204 y siguientes.

Pensión de incapacidad permanente

La incapacidad permanente protege a los trabajadores cuando, después del tratamiento prescrito, presentan reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral en los términos previstos por la ley.

Se distinguen los siguientes grados:

  • Incapacidad permanente parcial: ocasiona una disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedir las tareas fundamentales de esta. Se indemniza, con carácter general, mediante una cantidad a tanto alzado, no mediante una pensión mensual ordinaria.
  • Incapacidad permanente total: inhabilita para las tareas fundamentales de la profesión habitual, aunque permite dedicarse a otra distinta compatible con las limitaciones.
  • Incapacidad permanente absoluta: inhabilita por completo para toda profesión u oficio.
  • Gran incapacidad: además de la situación de incapacidad permanente correspondiente, requiere la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

El grado reconocido, la contingencia que origina la incapacidad y las circunstancias de cotización determinan la prestación correspondiente. No todas las modalidades exigen el mismo periodo previo de cotización.

Consultar la Ley General de la Seguridad Social, artículos 193 y siguientes.

Pensión de viudedad

La pensión de viudedad protege, bajo las condiciones legales establecidas, al cónyuge o a la pareja de hecho superviviente de una persona fallecida. El derecho depende, entre otros factores, de la situación de la persona causante, de las cotizaciones exigibles y de los requisitos específicos de la relación familiar.

La cuantía se determina generalmente aplicando un porcentaje a la base reguladora correspondiente. En ciertos supuestos puede aplicarse un porcentaje superior si se reúnen los requisitos legales.

Es importante comprobar la redacción vigente del artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social y las disposiciones que regulan el acceso de las parejas de hecho, ya que los requisitos de acreditación de la convivencia y de la relación pueden ser determinantes.

Legislación aplicable: artículos 219 a 223 de la Ley General de la Seguridad Social.

Pensión de orfandad

La pensión de orfandad se reconoce, cuando se cumplen las condiciones legales, a los hijos de la persona fallecida. La edad del beneficiario, su situación de discapacidad y otras circunstancias pueden afectar a la duración y al importe de la prestación.

La ley también regula supuestos especiales, incluidos los relacionados con la orfandad absoluta y determinadas situaciones de violencia contra la mujer.

Legislación aplicable: artículos 224 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social.

Pensión en favor de familiares

Esta prestación puede reconocerse a determinados familiares que dependían económicamente de la persona fallecida, siempre que acrediten los requisitos de parentesco, convivencia, dependencia y carencia de recursos que correspondan a cada supuesto.

Consultar la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia.

Pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad

Las personas que no reúnen las cotizaciones necesarias para una pensión contributiva pueden acceder a una pensión no contributiva si cumplen los requisitos legales de edad o discapacidad, residencia y recursos económicos.

La cuantía puede variar según los ingresos y la unidad económica de convivencia, dentro de los límites establecidos. También existen complementos sujetos a requisitos específicos.

Información oficial sobre pensiones contributivas y no contributivas.

Revalorización de las pensiones en 2026

La revalorización es la actualización de las pensiones para adaptar sus cuantías a las reglas económicas y legales vigentes. Su finalidad incluye proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, conforme al sistema de actualización establecido por la legislación.

En 2026, el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, estableció una revalorización general del 2,7 % para las pensiones contributivas y las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, con las excepciones y especialidades previstas legalmente.

La actualización se calcula, con carácter general, sobre el importe que correspondía a 31 de diciembre de 2025. Las pensiones mínimas, las no contributivas y otras prestaciones tienen reglas propias.

Consultar el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, sobre revalorización de las pensiones.

Cuantías destacadas para 2026

Entre las cuantías oficiales fijadas para 2026 destacan las siguientes:

ConceptoCuantía anualEquivalencia mensual orientativa
Pensión no contributiva de jubilación o incapacidad8.803,20 €628,80 € en 14 pagas
Pensión contributiva máxima47.034,40 €3.359,60 € en 14 pagas
Complemento para la reducción de la brecha de género442,80 € por cada año de percepción36,90 € por paga mensual, según el régimen de abono

Las cantidades de la tabla son referencias generales. La pensión máxima constituye un límite, no una cuantía garantizada para todos los beneficiarios. La pensión no contributiva puede ser inferior en función de las circunstancias económicas y de convivencia.

Las pensiones mínimas contributivas varían según la clase de pensión, la edad, la existencia de cónyuge a cargo y otros requisitos. Para consultar los importes de cada situación, debe utilizarse la tabla oficial del ejercicio.

Consultar las tablas oficiales de revalorización, mínimos y máximos de 2026.

Cómo se calcula la pensión de jubilación

El cálculo de una pensión contributiva de jubilación no depende exclusivamente del último salario. Se tienen en cuenta las bases de cotización del periodo legal de referencia, los años cotizados y el porcentaje aplicable conforme a la normativa vigente.

De forma simplificada, el cálculo comprende estas fases:

  1. Determinar las bases de cotización computables para calcular la base reguladora.
  2. Aplicar las reglas legales de integración de lagunas y actualización de bases cuando proceda.
  3. Calcular el porcentaje de la base reguladora que corresponde según los años cotizados.
  4. Aplicar, si corresponde, los límites máximos, mínimos y complementos previstos legalmente.

La jubilación anticipada puede conllevar reducciones permanentes de la cuantía en los supuestos previstos por la ley. Por eso, antes de solicitarla, conviene comprobar la edad de acceso, el periodo cotizado y el efecto económico de adelantar la fecha de jubilación.

Acceder a la Seguridad Social para consultar información y servicios de jubilación.

Complementos y límites de las pensiones

Además de la cuantía principal, la legislación contempla mecanismos de protección complementaria. Su reconocimiento no es automático en todos los casos y depende de las condiciones que establece cada norma.

  • Complemento a mínimos: puede elevar determinadas pensiones contributivas hasta la cuantía mínima aplicable cuando se cumplen los requisitos de ingresos y residencia, entre otros.
  • Complemento para reducir la brecha de género: puede reconocerse en los términos legales a quienes reúnan las condiciones exigidas.
  • Complemento de alquiler para pensionistas no contributivos: puede solicitarse si se cumplen las condiciones específicas relativas a la vivienda alquilada y a la ausencia de vivienda en propiedad.
  • Límite máximo: la cuantía total está sujeta a los límites legales, sin perjuicio de las excepciones previstas para determinados supuestos.

En 2026, el complemento anual para titulares de pensiones no contributivas que cumplan los requisitos de alquiler es de 525 euros. Debe solicitarse conforme al procedimiento correspondiente.

Consultar las cuantías y complementos oficiales de 2026.

Dónde solicitar una pensión

El organismo competente depende de la prestación solicitada:

  • Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): gestiona, con carácter general, las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.
  • IMSERSO y comunidades autónomas: intervienen en la gestión de las pensiones no contributivas conforme al reparto de competencias.
  • Clases Pasivas del Estado: dispone de su propio régimen para los colectivos incluidos en él.

Antes de presentar una solicitud, es recomendable comprobar los requisitos, reunir la documentación acreditativa y consultar los plazos aplicables. Las resoluciones administrativas pueden ser impugnadas mediante los procedimientos y dentro de los plazos legalmente establecidos.

Sede Electrónica de la Seguridad Social · Portal oficial de la Seguridad Social.

Legislación y fuentes oficiales

Para comprobar los requisitos y las cuantías aplicables, estas son las principales referencias normativas y administrativas:

Preguntas frecuentes sobre las pensiones

¿Todas las pensiones suben el mismo porcentaje?

En 2026, la revalorización general de las pensiones contributivas es del 2,7 %, pero las pensiones mínimas, las no contributivas y otras prestaciones se actualizan conforme a sus reglas específicas.

¿Se puede cobrar una pensión sin haber cotizado?

Sí, es posible acceder a una pensión no contributiva de jubilación o incapacidad cuando se cumplen los requisitos legales de residencia, edad o discapacidad y carencia de recursos. No basta únicamente con tener ingresos bajos: deben acreditarse todas las condiciones exigidas.

¿La pensión máxima es la que cobra todo jubilado?

No. Es el límite máximo establecido legalmente. La cuantía individual depende de la base reguladora, los años cotizados y las demás reglas aplicables.

¿Dónde se comprueba la cuantía exacta de una pensión?

Debe consultarse la Seguridad Social y, en su caso, el organismo gestor de la prestación. Las tablas oficiales permiten conocer los mínimos, máximos y complementos, pero la cuantía individual depende de las circunstancias de cada beneficiario.

Conclusión

El sistema español de pensiones comprende distintas prestaciones contributivas y no contributivas, con requisitos y métodos de cálculo específicos. La revalorización anual, los complementos y los límites económicos pueden modificar la cuantía percibida, por lo que resulta esencial consultar la normativa vigente y las tablas oficiales del año correspondiente.

Contenido informativo de LEYLEGAL. Esta guía ofrece una visión general de la normativa y no sustituye el asesoramiento jurídico individualizado. Los requisitos y las cuantías pueden variar según las circunstancias personales y las modificaciones legislativas posteriores.

Ley Electoral Española: guía jurídica de la LOREG.

Ley Electoral Española: guía jurídica de la LOREG.

Informe jurídico · Derecho electoral

La Ley Electoral española: principios, procedimiento y garantías democráticas

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), establece las reglas fundamentales de los procesos electorales en España. Su contenido desarrolla aspectos esenciales del derecho de participación política y determina las condiciones para la celebración de elecciones, la presentación de candidaturas, la emisión del voto, el recuento de resultados y la impugnación de los actos electorales.

Consultar la Ley Electoral

Fundamento constitucional y finalidad

La LOREG desarrolla el marco constitucional de la participación política, especialmente el artículo 23 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o mediante representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

La ley pretende garantizar que la voluntad del electorado se manifieste libremente y que los procesos electorales se desarrollen con arreglo a reglas previamente establecidas. Para ello, regula los derechos electorales, la organización de las elecciones y los mecanismos de control que permiten revisar las actuaciones realizadas durante el procedimiento.

Su interpretación debe respetar también los principios de igualdad, pluralismo político, seguridad jurídica y legalidad, así como las garantías constitucionales y jurisdiccionales aplicables.

Ámbito de aplicación

La LOREG regula las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, las elecciones municipales y las elecciones al Parlamento Europeo. Contiene, además, disposiciones comunes y reglas aplicables a otros procesos electorales en los términos previstos por el ordenamiento jurídico.

Las elecciones a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se rigen por sus respectivos estatutos y leyes electorales, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la LOREG cuando corresponda.

Aunque existe una base normativa común, cada proceso presenta particularidades en materia de circunscripciones, candidaturas, número de representantes, sistema de votación y atribución de escaños.

Derecho de sufragio y censo electoral

El derecho de sufragio presenta dos dimensiones fundamentales:

  • Sufragio activo: derecho a emitir el voto cuando se reúnen los requisitos legalmente exigidos.
  • Sufragio pasivo: derecho a presentarse como candidato, siempre que se cumplan las condiciones de elegibilidad y no concurra una causa legal de inelegibilidad.

La nacionalidad, la edad, la inscripción censal y las demás condiciones exigibles deben examinarse conforme al tipo de elección. En determinados procesos, la normativa reconoce derechos electorales a ciudadanos extranjeros bajo requisitos específicos.

El censo electoral permite determinar quiénes pueden votar en cada convocatoria. Su elaboración, actualización y consulta están sometidas a reglas legales, y existen procedimientos para reclamar ante errores, omisiones o discrepancias en los datos censales.

Administración y organización electoral

La organización electoral corresponde a órganos con competencias legalmente delimitadas. Entre ellos se encuentran la Junta Electoral Central, las juntas electorales provinciales y de zona y, en los procesos correspondientes, las juntas electorales de comunidad autónoma.

Estos órganos desarrollan funciones de supervisión y aplicación de la normativa electoral, intervienen en cuestiones relativas a candidaturas y campañas y resuelven las reclamaciones que correspondan dentro de sus competencias.

Las mesas electorales organizan la votación en cada mesa, verifican las operaciones previstas legalmente y realizan el escrutinio inicial. La documentación resultante permite continuar las operaciones oficiales de recuento y proclamación de resultados.

Convocatoria, candidaturas y campaña electoral

Cada proceso electoral se desarrolla conforme a una convocatoria y a un calendario legal. La LOREG establece los plazos y requisitos para la presentación, comprobación y proclamación de candidaturas, así como los procedimientos de subsanación e impugnación previstos.

La campaña electoral constituye el periodo destinado a la difusión de propuestas y a la solicitud del voto. La ley regula su duración, la propaganda electoral, determinadas condiciones de utilización de medios y espacios públicos y las obligaciones de neutralidad de los poderes públicos.

También establece restricciones y garantías destinadas a proteger la libertad de decisión del elector y la igualdad de condiciones entre las candidaturas. El alcance de cada regla debe valorarse según el proceso, el momento en que se produce la conducta y el precepto aplicable.

Votación, escrutinio y asignación de representantes

La jornada electoral comprende la constitución de las mesas, la emisión del voto, el cierre de la votación y el escrutinio. Las operaciones posteriores incluyen la documentación de los resultados, las reclamaciones previstas y la proclamación oficial de los candidatos electos.

El sistema para transformar los votos en representantes depende de la elección correspondiente. En el Congreso de los Diputados se aplica un sistema proporcional por circunscripciones, con las reglas y los umbrales legalmente previstos. La elección del Senado responde a reglas propias, vinculadas a la representación territorial y al voto a candidatos individuales.

Las elecciones municipales y europeas también cuentan con disposiciones específicas. Por ello, la proporción de votos obtenidos por una candidatura no siempre coincide con la proporción de escaños que finalmente consigue.

Voto por correo y modalidades específicas

La LOREG contempla procedimientos para ejercer el derecho de sufragio por correo y regula situaciones específicas relacionadas con electores que se encuentran temporalmente en el extranjero o residen fuera de España, según las condiciones aplicables a cada proceso.

Estas modalidades están sujetas a requisitos de solicitud, identificación, documentación y plazos. Su finalidad es facilitar el ejercicio del derecho de voto en los supuestos legalmente previstos, manteniendo las garantías de autenticidad y regularidad del procedimiento.

Los trámites concretos deben comprobarse en cada convocatoria, ya que pueden variar según la situación del elector y el tipo de elección.

Gastos y financiación electoral

La legislación electoral establece obligaciones de control, contabilidad y justificación de los gastos relacionados con las campañas. Las formaciones políticas y candidaturas deben cumplir las reglas que les resulten aplicables sobre financiación, límites de gasto y rendición de cuentas.

El control económico persigue reforzar la transparencia, evitar irregularidades y favorecer unas condiciones de competencia electoral compatibles con los principios legales. El Tribunal de Cuentas ejerce las funciones de fiscalización que le atribuye el ordenamiento, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.

Reclamaciones, recursos y responsabilidad penal

La LOREG establece vías para reclamar frente a determinadas actuaciones electorales y mecanismos de impugnación de los actos y resultados en los supuestos legalmente previstos. Entre ellos se encuentra el recurso contencioso-electoral, cuya procedencia depende del acto impugnado y de las condiciones establecidas por la ley.

Los plazos electorales pueden ser especialmente breves. Por ello, es importante identificar con precisión la resolución cuestionada, la legitimación de quien recurre, el procedimiento aplicable y el plazo correspondiente.

La norma también tipifica delitos electorales y prevé consecuencias penales para determinadas conductas. No toda irregularidad constituye un delito: la responsabilidad penal exige que concurran los elementos del tipo correspondiente y las condiciones exigidas por el Derecho penal.

Reformas legislativas y normativa vigente

Desde su aprobación en 1985, la LOREG ha experimentado numerosas modificaciones en materias como el procedimiento electoral, la composición de las candidaturas, las garantías del sufragio y la organización de los procesos.

Entre las reformas recientes figura la Ley Orgánica 2/2026, de 30 de junio, que adapta los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG a la reforma constitucional relativa a Ibiza y Formentera, estableciendo su consideración como circunscripciones diferenciadas para la elección de senadores.

También se han aprobado reformas sobre representación paritaria y otras cuestiones electorales. Para conocer el alcance de una modificación concreta es necesario examinar la disposición que la introduce y la redacción vigente del artículo afectado.

El texto consolidado facilita la lectura conjunta de las modificaciones incorporadas, pero tiene carácter informativo. En caso de duda jurídica, debe acudirse a las disposiciones publicadas oficialmente en el BOE.

Conclusión

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General constituye el marco esencial para la organización y el control jurídico de las elecciones en España. Su estudio permite comprender los derechos y obligaciones de los electores y candidatos, las funciones de la Administración electoral, los sistemas de votación y escrutinio y las garantías de revisión de los actos electorales.

Su aplicación debe realizarse de forma sistemática, atendiendo a la Constitución, a las normas específicas de cada proceso y a la jurisprudencia pertinente. La interpretación de una disposición concreta requiere comprobar su redacción vigente y las circunstancias del supuesto examinado.

Consulta de la Ley Electoral

Accede al texto de la LOREG publicado en LEYLEGAL para consultar sus artículos y ampliar la información jurídica.

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Nota jurídica: Este informe tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico individualizado. Para actuaciones concretas deben consultarse la normativa vigente, los plazos aplicables y, cuando proceda, el asesoramiento de un profesional del Derecho.